Las XII tablas: Publicación de Información Jurídica

Las Pensiones De Los Diputados Y Senadores

8 de Julio de 2011 | Articulo de Ignacio Arias
La situación de crisis económica aguda que vive España ha traído al primer plano de la actualidad cuestiones que en circunstancias normales no hubieran supuesto ningún problema y serían aceptadas por la ciudadanía sin mayor contestación.

En concreto, nos estamos refiriendo al tema de las pensiones de los Diputados y Senadores que suponen un plus sobre las del resto de los ciudadanos por el período de cotización que se exige para alcanzar la pensión máxima.

Sin entrar en el detalle de la cuestión, sobradamente conocida por la ciudadanía por el eco que la misma ha tenido en los medios de comunicación, sí queremos destacar algo que está pasando desapercibido y que, a nuestro juicio, constituye el meollo de la cuestión.

El Presidente del Congreso, asediado por la presión de los medios de comunicación y por gran parte de los Diputados que veían en este sistema de pensiones un privilegio cuando paralelamente el Gobierno exige mayores sacrificios a los ciudadanos para alcanzar el derecho a pensión, trató de buscar respaldo en un informe del Letrado Mayor del Congreso que, como no podía ser de otra manera, avaló desde el punto de vista jurídico, este sistema exorbitante, apelando para ello al derecho comparado.

Pocas dudas podían albergarse de que el resultado final fuera el apetecido por la Institución. La altísima calidad técnica de los Letrados del Congreso que ya habrían informado en su momento la aplicación de estas medidas, no preludiaba un resultado distinto.

En este caso, como en tantos otros, la clase política busca el respaldo del informe jurídico, que cuando es favorable a sus intereses, se exhibe como garantía irrefutable.

¿Qué hubiera ocurrido si el informe en lugar de ser favorable hubiera cuestionado el sistema de pensiones exorbitante de Diputados y Senadores entendiendo que el Congreso se había excedido en sus funciones al ser el tema de la Seguridad Social una competencia exclusiva del Estado sometida en sus vicisitudes al pacto de Toledo?

Seguramente en esta tesitura se hubiera argumentado que el informe era una opinión más no vinculante.

Esto así, el gran error estriba en dilucidar estas cuestiones desde el punto de vista jurídico. El que haya una clase de españoles que con cargo a los presupuestos públicos tengan una situación de privilegio respecto al resto de los ciudadanos no es un problema de legalidad o ilegalidad, sino de ética.

En el devenir de estos acontecimientos nos viene a la mente la construcción de Maquiavelo en torno a lo que él denominaba “manos sucias”, en la que se tratan asuntos en los que la moral pública justifica plenamente la inmoralidad de los medios utilizados para alcanzar los fines del Estado con la máxima “Cuando el acto acusa, el resultado excusa”, o en su formulación más clásica “El fin justifica los medios”.

Ciertamente, y como afirma Kant, la política dice “Sed astutos como serpientes”, pero la moral añade una condición limitante “e inocentes como palomas”.

También afirma Kant que serpientes y palomas pueden coexistir y que, además, predominarán las palomas.

Un filósofo más realista (Thomson) añadiría que “Sí, serpientes y palomas pueden convivir juntas, pero a costa de que las palomas no concilien el sueño”.

Indudablemente la ética de los políticos no es la ética de los funcionarios, no está articulada en reglas concretas, sino en enunciados o criterios que permiten formular juicios que a veces son antitéticos.

Pero en el tema de las pensiones que estamos tratando, la ética pública y el origen público de los fondos con que se pagan estas pensiones exige inexorablemente que las pensiones de los Diputados y Senadores sean las mismas y con exigencia de los mismos períodos de cotización que las del resto de los ciudadanos.

Lo contrario será legal, pero no ético.

Editor: Administrador

Colaborador: Ignacio Arias Díaz

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