Las XII tablas: Publicación de Información Jurídica

¿Qué sueldo deben cobrar los políticos?

3 de Junio de 2011 | Articulo de Ignacio Arias
Una de las cuestiones que más debate suscita, sobre todo al inicio de cada Legislatura, es la relativa al sueldo de los políticos.

Existe la convicción de que en España los políticos gozan de demasiada libertad a la hora de fijar sus propios sueldos. Es más, son los únicos “empleados públicos” que no solo pueden determinar la cuantía de sus retribuciones, sino la parte de éstas que queda exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La situación actual es de tal descontrol que un presidente de comunidad autónoma puede duplicar el sueldo del presidente del Gobierno y un alcalde el del presidente de su comunidad autónoma.

La fijación por ley del sueldo de los políticos sería la única solución a esta anarquía salarial. Se trataría, en realidad, de dar concreción a la pregunta: ¿quién gobierna al que gobierna? Y la respuesta es clara: sólo la ley.

Esta necesidad fue asumida por Izquierda Unida que a nivel del Gobierno Central propuso regular el sueldo de los políticos fijando como tope el establecido actualmente para el Presidente del Gobierno, secuenciando a partir de ahí el del resto del de los Altos Cargos.

A nivel local hay una tendencia a cuantificar el sueldo del alcalde en un euro más que el del funcionario que más gana del ayuntamiento respectivo.

Es ésta una opción que no merecería reproche si incorporara, además, el resto del régimen jurídico de los funcionarios: clasificación retributiva por grupos de titulación, derechos y deberes, jornada de trabajo, obligación de asistencia, incompatibilidades, pensiones, etc.

No siendo así, no deja de ser una alternativa engañosa que confunde la jerarquía administrativa que indudablemente debe existir entre la clase política y el resto de los empleados públicos, con la jerarquía retributiva, cuestiones que nada tienen que ver: no manda más quien más cobra, sino quien teniendo capacidad, aptitud, carisma, liderazgo, ética y sabiendo mandar, manda bien. Además supone incorporar al patrimonio retributivo de la clase política conceptos como los trienios, las pagas extraordinarias, el complemento de destino, el complemento de productividad y similares que obedecen a un planteamiento estrictamente funcionarial.

Siendo aceptable la propuesta de Izquierda Unida respecto al Gobierno Central y rechazable la tendencia implantada en la Administración Local, ¿qué sueldo deben de cobrar los políticos españoles en el ámbito local y autonómico?

Para evitar el subjetivismo en la respuesta, hemos trasladado la pregunta a amigos y compañeros, procurando abarcar un amplio espectro de profesiones: jueces, médicos, funcionarios, empresarios, profesionales autónomos, sindicalistas, oficiales de oficio y personal no cualificado.

Partiendo del hecho irrefutable de que no hay mayor discriminación que no discriminar, el supuesto de hecho sobre el que se formuló la pregunta tenía una triple dimensión:

- ¿qué sueldo deben cobrar los políticos con dedicación exclusiva y sin empleo previo?

- ¿qué sueldo deben cobrar los políticos con dedicación exclusiva y con empleo previo?

- ¿qué sueldo deben cobrar los políticos sin dedicación exclusiva?

Las respuestas obtenidas inicialmente no permitieron llegar a ninguna conclusión, no solo por lo dispar, sino porque algunas entraban en cuestiones irreproducibles en un medio de comunicación.

Hubo de modificarse el planteamiento. La pregunta pasó a ser la siguiente: ¿con qué adjetivo, término o expresión te gustaría poder calificar el sueldo de los políticos en las tres situaciones descritas?.

Las respuestas fueron amplias y variadas: merecido, equitativo, justificado, razonable, ajustado a la situación económica, adecuado a los resultados, que no sea escandaloso, digno, suficiente, que no sea ofensivo al resto de los trabajadores, que permita vivir pero no enriquecerse, que tribute en todas sus cuantías, lícito, que se ajuste a la legalidad, fiscalizable en todas sus cuantías, razonable, proporcionado, justo, honesto, ecuánime, equilibrado y único.

¿Qué cuantía podría ajustarse a todas y cada una de estas respuestas y, por tanto, no violentarlas?

Se barajaron diversas opciones, siempre sobre la base de que la política no debe servir para enriquecerse, pero tampoco debe ser una actividad que genere quebranto a quienes se dediquen a ella. La elegida finalmente, por unanimidad para cada una de las tres vertientes del supuesto de hecho sometido a consulta, fue la siguiente:

-     Políticos con dedicación exclusiva y sin empleo previo. El del más rango cobraría el salario medio mensual de su respectiva comunidad autónoma, que actuaría como tope máximo, y a partir del cual, en sentido descendente, se estructurarían las retribuciones del resto de la clase política (en Asturias, por ejemplo, según datos del Instituto Asturiano de Estadística, el salario medio del año 2008 estaba fijado en 19.711€ brutos anuales).

-     Políticos con dedicación exclusiva y con empleo previo. Se les respetaría el salario de origen con el tope máximo de las retribuciones del funcionario que más cobre en la administración de que se trate.

-     Políticos sin dedicación exclusiva. Percibirán únicamente los gastos, justificados, que originase su actividad política (dietas y kilometraje).

Si se reflexiona sobre las respuestas se llega a la conclusión de que son muy coherentes y, además, tienen mucho recorrido.

La opción elegida para los políticos con dedicación exclusiva y sin empleo previo de reconducir su salario al salario medio de su respectiva comunidad autónoma, encierra, además, una suerte de incentivo para la clase política que en la medida en que emprenda acciones que puedan generar un crecimiento de la actividad económica de su respectivo territorio, generará por alcance, un incremento de su propia retribución.

La opción elegida para los políticos con dedicación exclusiva y con empleo previo de fijar un tope salarial máximo cuantificado en el sueldo del funcionario que más gane, permite que no se pierdan para la política por razones económicas empleados y profesionales que puedan aportar ideas útiles a la sociedad y no entra en contradicción con las tesis que defendemos de no utilizar como referencia el salario de los funcionarios, porque en este caso, no actúa como criterio retributivo sino como tope salarial.

Por último, la opción elegida para los políticos sin dedicación exclusiva tampoco parece descabellada porque en definitiva se trata de compensar los gastos que dicha actividad origine, pero no la actividad en sí misma cuando se desarrolla de un modo ocasional, teniendo en cuenta además que la política es una actividad voluntaria.

Todas las opciones deben implican, según el criterio de los “encuestados”, una incompatibilidad absoluta para percibir otros ingresos públicos, sea cual fuere su procedencia, debiendo ingresarse los excesos, si los hubiere, en la Tesorería de la administración correspondiente.

La coherencia de las respuestas viene avalada, además, por un hecho absolutamente casual, pero coincidente en el tiempo. Finalizado ya este artículo, La Nueva España del pasado 12 de mayo se hace eco de la propuesta de la Asociación Vecinal del Oriente de fijar un tope salarial de 21.800€ anuales para alcaldes y concejales, cantidad que se corresponde con el valor medio de los ingresos de los técnicos especialistas en las pequeñas y medianas empresas españolas.

Cuando los ciudadanos coinciden en sus apreciaciones en relación a un tema de tantísima relevancia, quizá convenga recordar que todo es posible menos lo imposible.

Editor: Ignacio Arias Díaz

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