Las XII tablas: Publicación de Información Jurídica

Zapatero baila la Yenka

9 de Junio de 2010 | Artículo de Ramón F. Mijares Sánchez
Poco podían imaginar Johnny and Charley cuando en el año 1965 compusieron la yenka –con cuyo imperativo ritmo todos vencimos nuestra inicial resistencia juvenil al baile pautado- que en su letra se iba a reflejar de modo tan certero el peculiar modo de ¿gobernar? de nuestro actual Presidente del Gobierno. “Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, hacia atrás…”

Ciertamente, Zapatero se ha caracterizado por ser un presidente manirroto, cuya única capacidad conocida es la de falsear la realidad. Cuando todo el mundo hablaba de crisis, su única ocupación era negarla, a la vez que aprobaba medidas presuntamente de “izquierda, izquierda”, derrochando lo que no se recaudaba, dilapidando los recursos que se habían heredado de los tiempos de bonanza, llegando así a poner en  peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones, el fondo de la Seguridad Social y el propio sistema económico.

En lugar de financiar medidas para crear empleo, financia el desempleo.

Para justificar esta caótica situación cuya responsabilidad le es atribuible en exclusiva, se vino escudando en el carácter global de la crisis, olvidando que en nuestro país dicha crisis es, sin duda, económica, pero sobre todo, política. Es una crisis de ideas, de valores, es una crisis democrática, es una crisis del Estado de Derecho.

Estamos ante un Presidente del Gobierno desnortado, descoordinado, fundido, confuso, sin rumbo, que está convirtiendo España en un solar de escombros.

“Izquierda, izquierda”, pero también “derecha, derecha”: congelación de pensiones, recorte de las retribuciones de los funcionarios, de las asignaciones a la dependencia, supresión del cheque-bebé…, medidas presuntamente de derechas o, al menos, repudiadas por la izquierda sistemática y machaconamente.

Decían que Zapatero tenía magia. Efectivamente, para engañar.

“Adelante, hacia atrás…”.

También estos movimientos tienen reflejo en la política zapateril, y quizá esto sea lo más grave por la quiebra política y moral que suponen al chocar frontalmente con el Estado de Derecho.

Las circunstancias que han rodeado la aprobación y posterior rectificación del Real Decreto-Ley 8/2010, a través del que se materializan las medidas de ¿derechas? constituyen el ejemplo más claro de lo que no debe hacerse en un Estado de Derecho: vulnerar con premeditación y alevosía las reglas que rigen la ordenación del Boletín Oficial del Estado, en concreto las que afectan a la corrección de errores que inciden a su vez en lo que debe ser el contenido natural de los Reales Decretos-Leyes.

Vayamos por orden.

El Real Decreto-Ley 8/2010 se publica en el BOE el 24 de mayo de 2010, y su artículo 14.2 establece que a partir de la entrada en vigor de la norma (al día siguiente al de su publicación, esto es, el 25 de mayo de 2010), las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector administraciones públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo para la financiación de sus inversiones.

La medida era brutal y después se supo que fue adoptada manu militari y sin consultar a nadie por la Ministra Salgado.

Indudablemente el revuelo que causó en los Ayuntamientos provocó que el mismo día de entrada en vigor de la norma (25 de mayo), y bajo la cobertura de una corrección de errores, se procediera a modificar los tramos temporales de tal manera que donde decía “A partir de la entrada en vigor de la norma” dijera “A partir del 1 de enero de 2011”.

Ahora bien, la pregunta es: ¿se puede incluir bajo una rectificación de errores lo que fue una rectificación política?

El tema lo resuelve el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, por el que se regula la ordenación del Diario Oficial “Boletín Oficial del Estado”.

Confesado por todos los implicados que el error no fue de origen, sino que fue una rectificación política, deberían haber entrado en juego la regla previstas en el artículo 26.2.b) del citado Real Decreto en base a la cual aquellos errores u omisiones que supongan una modificación del contenido o del sentido de la norma deben salvarse mediante disposición del mismo rango, esto es, aprobando un nuevo Real Decreto-Ley.

Al no hacerlo así el problema ya no es sólo político, sino jurídico, de fraude de ley.

Por otro lado, la modificación ha supuesto una demora de la entrada en vigor de la prohibición de endeudamiento de los ayuntamientos, así como de la congelación de las pensiones, lo que supone, a su vez, un atentado a la propia esencia de los Reales Decretos-Leyes cuya razón de ser, según el artículo 86 de la Constitución Española, exige la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, y no puede ser extraordinario ni urgente algo que aprobado en mayo de 2010 ve demorada su entrada en vigor al 1 de enero de 2011. Por el camino tenemos la ley de presupuestos que debiera haber sido la sede natural de estas reformas cuya eficacia se ha demorado.

Sin caer en la afirmación de Bernard Shaw para quien “la democracia es la elección de unos cuantos corruptos por muchos incompetentes”, sí tenemos derecho a reclamar un gobierno y unos gobernantes que respeten, como mínimo, el ordenamiento jurídico.

No basta apelar a la legitimidad de origen de los gobernantes –sin duda las elecciones constituyen el más puro fundamento de esa legitimación- sino que hay que ganarse la legitimidad en el ejercicio del poder, y esa legitimidad diaria exige cumplir con los principios y con el programa que justificó esa elección. Si hay un quebranto de esos principios y de estas promesas, la legitimidad de ejercicio exige inexorablemente la convocatoria de elecciones anticipadas.
 

Editor: Administrador

Colaborador: Ramón F. Mijares

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